La batalla legal entre Badajoz y Real Federación Española de Fútbol ha comenzado. O más bien continúa, según explica el club en un nuevo comunicado emitido en la mañana de este viernes, en el que trata de exponer su versión de los hechos tras conocer que el juez único de competiciones no profesionales impide su inscripción en Segunda RFEF.
«Ante las dudas surgidas en las últimas 24 horas con motivo del comunicado realizado por el club, queremos aclarar lo siguiente». De esta forma comienza el escrito del Badajoz en el que, a través de ocho puntos, busca esclarecer los hechos y lanzar un mensaje de tranquilidad a su afición.
Lo primero que quiere recalcar la entidad pacense es que la RFEF adeuda al club una cantidad de al menos 189.177,43 euros provenientes de la comercialización de los derechos televisivos y otros conceptos. Según se expone en el documento, el Juzgado de lo mercantil de Badajoz, con fecha del 6 de junio de 2023, ordenó a la RFEF a abonar esta cantidad al club. Los recursos impuestos por la federación han privado del pago.
El segundo punto del comunicado hace referencia a la noticia que el propio club emitió este jueves por la tarde. El Juez Único impide al Badajoz inscribirse en la competición debido a la existencia de una deuda concursal con varios jugadores con un importe de 77.828,89 euros procedente de la temporada 2020/21. «Cantidad muy inferior a la que la propia RFEF adeuda al club», reza el comunicado.
En base a los hechos mencionados anteriormente, el Badajoz propuso a la RFEF que retuviera el importe adeudado y le abonara la diferencia «hasta clarificar en sede judicial la obligación o no de abonar unos créditos concursales que, de ser abonados, podrían generar multitud de impugnaciones de otros acreedores concursales».
El Badajoz también comunica que el 28 de junio, tal y como puede acreditar la Administración Concursal, se solicitó al juzgado «el auxilio judicial consistente en la adopción de medidas cautelares de forma urgente», con el fin de que la federación permita al club inscribir y tramitar la inscripción en Segunda RFEF y las licencias de futbolistas y entrenadores, además de eximir a la entidad concursada (el Badajoz en este caso) de la presentación del aval exigido.
El día 4 de julio, y tras la solicitud expuesta por el Badajoz, el juzgado «dictó auto señalando vista de medidas cautelares el 18 de julio a las 12:00 horas».
El club expone en su comunicado que, en los plazos referidos de 48 horas, va a presentar el recurso correspondiente frente a la resolución del juez que impide la inscripción del equipo en su categoría correspondiente.
También comunica que la propiedad de la entidad «está trabajando incansablemente para continuar con la viabilidad del club y confeccionar una plantilla para salir a competir el próximo 2 de septiembre en el grupo 5 de Segunda RFEF». El documento también recoge que, desde el pasado mes de enero, la propiedad lleva aportado, mediante ingresos y pagos a terceros en nombre del Badajoz, una cantidad superior al millón y medio de euros.
Por último, el comunicado concluye explicando que momentáneamente la campaña de abonos de la temporada 2023/24 se lanzará más delante de lo previsto, una vez se resuelva el asunto en el que se encuentra inmerso el club. «Los ingresos de la campaña de abonos no se utilizarán para cualquier contingencia económica de la temporada 2022/23», finaliza el comunicado.
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